  DECLARACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE COLOMBIANOS REFUGIADOS EN VENEZUELA ANTE LA RUPTURA DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CON EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ
“Debemos participar activamente en la búsqueda de la paz para Colombia por medio de una solución política...(sigue)
negociada del conflicto social y de la guerra; en el desarrollo económico y social; en las tareas relacionadas con la seguridad y la defensa integral de la Patria que nos ha acogido como a sus propios hijos, para preservar su soberanía nacional impidiendo a toda costa que el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo del gobierno apátrida y servil de la oligarquía colombiana, pueda imponer en Venezuela un régimen económico y político de injusticia y de terror similar a los que ahora existen en Colombia, en Irak, en Afganistán.”
La ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, se produjo como respuesta digna y necesaria por parte del Presidente Chávez a las continuas agresiones del gobierno de Álvaro Uribe, las cuales rechazamos. Estas tuvieron su última manifestación en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el día 22 de julio con las denuncias irresponsables del Embajador Luís Alfonso Hoyos, al acusar de manera grosera al gobierno de Venezuela, de permitir la existencia en su territorio de campamentos con miles de guerrilleros colombianos, en supuestos lugares cuyas coordenadas leyeron, mostrando “pruebas” inconexas y sin consistencia alguna.
Se trata de una provocación dirigida y apoyada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos, orientada a crear una matriz de opinión internacional que le permita justificar con engaños y mentiras, como las que utilizaron para invadir a Irak, una intervención militar contra Venezuela con el objetivo de asesinar al Presidente Chávez y derrocar su gobierno legítimo, democrático y revolucionario por medio de la violencia extrema, al no poderlo hacer por la vía electoral; apoderarse del petróleo, el agua y demás riquezas naturales; impedir la consolidación de la soberanía nacional y la construcción del socialismo bolivariano en Venezuela; aniquilar los procesos de integración democrática y de complementariedad entre los países de América Latina y El Caribe que se han concretado en la existencia de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA-TCP), en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Petrocaribe, Telesur, el Banco del Sur. Todo lo cual es favorable al desarrollo integral de nuestros pueblos, pero contrario a los intereses de los monopolios transnacionales y del imperialismo de los Estados Unidos.
Porque éstos, durante un siglo y medio, se han enriquecido desmesuradamente con el saqueo sistemático de los recursos naturales, energéticos, mineros y de la biodiversidad de los países de América Latina y el Caribe, y con la explotación de sus trabajadores, mientras han condenado a sus pueblos a la dependencia, al subdesarrollo, al hambre y la miseria.
Uribe Vélez trata de crear a su vez, con este conflicto inventado por él con asesoría gringa, una cortina de humo para desviar la atención de la comunidad internacional y del propio pueblo colombiano sobre el genocidio y los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, para eludir la acción de la Corte Penal Internacional. Porque la reunión extraordinaria de la OEA convocada por solicitud del gobierno de Colombia, se realizaba precisamente cuando una Comisión compuesta por las Senadoras Piedad Córdova y Gloria Inés Ramírez, el director del periódico Voz, Carlos Lozano y otros periodistas, una Comisión Internacional de Derechos Humanos y Organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, se habían dado cita, para presenciar la exhumación de más de 2000 cadáveres, de la fosa común más grande de América, hallada en el municipio de la Macarena, Departamento del Meta, cuya responsabilidad cabe al Gobierno de Uribe, por los miles de desapariciones forzadas, masacres y falsos positivos que han ocurrido durante su gobierno.
Ni el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ni el de Santos que es su sucesor, representan al pueblo de Colombia. Ellos son los representantes del gobierno de los Estados Unidos y de las oligarquías, que han entregado la soberanía de la nación; que han concentrado las tierras, la propiedad y la riqueza en unos pocos grupos financieros que controlan la agricultura de exportación, el comercio, la minería y el narcotráfico. Por eso el gobierno de Estados Unidos los sostiene por la fuerza de las armas. Por eso el Plan Colombia, el Plan Patriota y el establecimiento de siete bases militares de alcance estratégico en territorio colombiano, que han convertido a las fuerzas militares de Colombia en un ejército de ocupación gringo con carne de cañón colombiana, con las que ahora amenazan a Venezuela y a todos los países de la región.
Uribe Vélez y su gobierno son contrarios a los intereses de la nación colombiana; su gobierno es espurio y corrupto; fue elegido en dos ocasiones, en elecciones fraudulentas ganadas por medio de la parapolítica, método utilizado para obligar a los ciudadanos a votar por un candidato fascista, bajo el terror a ser descuartizados vivos con motosierra; sumado al clientelismo político tradicional, a la compra de votos con dineros del narcotráfico y del erario público; y al voto de cientos de miles de personas muertas. Todo apoyado por los medios masivos de comunicación controlados por los monopolios, con los que manipulan a la opinión pública colombiana de manera casi absoluta.
El exterminio físico de la oposición política democrática, patriótica y revolucionaria en Colombia, se ha realizado sistemáticamente durante los últimos 60 años desde el asesinato de Gaitán en 1948, a través del terrorismo de Estado con todos sus instrumentos: las fuerzas militares, policiales, paramilitares y organismos de inteligencia como el DAS, todos vinculados al narcotráfico, organismo que junto a grupos contrarrevolucionarios de Venezuela, organizó y envió a Caracas en el año 2004, un grupo de 200 paramilitares con el objetivo de asesinar al presidente Chávez y desestabilizar al gobierno bolivariano. Esto ha sido reconocido de manera directa y pública por muchos de los jefes paramilitares y por el ex director de informática del DAS.
Cerca de 4.000.000 de colombianos y colombianas vivimos en Venezuela; 6.000.000 más viven en Europa y otros países de América. La gran mayoría, forzados por las circunstancias y no por voluntad propia. Para sobrevivir nos hemos visto obligados a salir de nuestra Patria en busca de paz y de condiciones favorables para trabajar y vivir de manera digna con nuestras familias. Las hemos encontrado en la República Bolivariana de Venezuela, cuyo pueblo hermano nos ha acogido de manera generosa, especialmente en el gobierno del Presidente Chávez.
Estas, son una parte de las consecuencias directas de la guerra impuesta al pueblo colombiano desde hace medio siglo por las oligarquías; de la violencia; del terrorismo de Estado aplicado contra el movimiento popular y revolucionario; y como resultado del desempleo producto de la destrucción del aparato agrícola e industrial del país por la aplicación del modelo neoliberal de capitalismo salvaje impuesto en Colombia por medio de la violencia extrema.
Todo esto ha generado continuos desplazamientos de población desde Colombia a Venezuela. Muchos colombianos, quizá la mayoría, han llegado a Venezuela como emigrantes económicos porque no encuentran oportunidades de trabajo en Colombia; otros, son víctimas de desplazamientos forzados de tipo masivo, realizados de manera planificada por la violencia militar y paramilitar, por encargo de grandes empresarios capitalistas y compañías multinacionales: mineras, energéticas, de infraestructuras; de la agroindustria que requiere de grandes extensiones de tierra para las plantaciones de palma africana y otros monocultivos, en especial para la producción de bio-combustibles; de la acción de ganaderos y terratenientes. Entre 1985 y 2008 han sido desplazadas de sus tierras y lugares de vivienda, alrededor de 4.629.000 personas.
Las tierras despojadas a campesinos, indígenas y afro descendientes entre 1985 y 2008, se calculan en más de 5.500.000 hectáreas.
En las ciudades colombianas, ya rodeadas de cinturones de miseria extrema, no hay lugares para vivir, ni trabajo digno para nadie más proveniente del campo o las zonas rurales.
En algunos casos, llegan a Venezuela, personas y familias que han sido víctimas de este mismo fenómeno, pero producido de manera selectiva por la guerrilla, que también exilia de sus territorios de influencia a quienes considera que son base de apoyo paramilitar.
Otros son revolucionarios, que han actuado en la vida legal, que llegan a Venezuela como perseguidos políticos, condenados por el régimen a ser asesinados extrajudicialmente o desaparecidos. Estos, han tenido que pasar presurosos la frontera para salvar la vida. Los emigrantes somos víctimas del régimen económico y político existente en Colombia. Nunca hemos recibido, desde la salida de nuestro país natal, ningún tipo de ayuda del gobierno colombiano y la mayoría de nosotros tampoco la recibimos mientras vivíamos allí. Por el contrario somos nosotros los que enviamos remesas de dinero a nuestros familiares, lo que se constituye en una ayuda económica desde el exterior para el país.
En Venezuela hemos encontrado, especialmente a partir de 1999 durante el gobierno del Presidente Chávez, condiciones favorables para vivir y trabajar, y nos hemos beneficiado sin discriminación alguna junto a todo el pueblo de Venezuela de las políticas de desarrollo económico y social del gobierno bolivariano, que se realizan por medio de las Misiones Sociales. En especial, del acceso a los servicios de salud con Barrio Adentro y los Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Integral; con el acceso al sistema de distribución de alimentos subsidiados por el Estado, MERCAL, PDVAL, los hipermercados Bicentenario, las Casas de Alimentación; con la inclusión en los servicios de educación de las Misiones Ribas, Robinson, Sucre, etc., etc.
Estas son razones más que suficientes para que apoyemos al gobierno del Presidente Chávez en su lucha por la paz y por el desarrollo económico y social de la nación venezolana, a la cual está unida nuestra vida y nuestro destino.
Debemos participar activamente en la búsqueda de la paz para Colombia por medio de una solución política negociada del conflicto social y de la guerra; en el desarrollo económico y social; en las tareas relacionadas con la seguridad y la defensa integral de la Patria que nos ha acogido como a sus propios hijos, para preservar su soberanía nacional impidiendo a toda costa que el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo del gobierno apátrida y servil de la oligarquía colombiana, pueda imponer en Venezuela un régimen económico y político de injusticia y de terror similar a los que ahora existen en Colombia, en Irak, en Afganistán.
Preservar la soberanía de Venezuela y su gobierno bolivariano, es preservar nuestras propias vidas y la de nuestros familiares; con la esperanza, para quienes así lo deseen, de regresar un día a Colombia, nuestra Patria amada, en condiciones de libertad y dignidad. Es preservar el proceso de integración y el desarrollo libre y soberano de los pueblos de Venezuela y América Latina como medio para alcanzar unidos, la mayor suma de estabilidad política, de seguridad social y de felicidad posible.
Caracas, 26 de julio de 2010
[1] www. Codhes. Org, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Desplazados y Estado Social de Derecho, Julio de 2009.
[2] Ibidem, Obra citada.
[3] Cifras oficiales reconocen la existencia de más de 49.000 desapariciones forzadas en Colombia.
"... los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad..." Simón Bolívar, El Libertador. Guayaquil 5 de agosto de 1829.
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